Una propuesta de modelo integral de reinserción social para infractores de ley

34 UNA PROPUESTA DE MODELO INTEGRAL DE REINSERCIÓN SOCIAL PARA INFRACTORES DE LEY la reincidencia delictiva 13 14 ; hasta el momento, algunos de los pocos programas nacionales cuyo diseño e implementación ha sido orientada en forma coherente con dichos principios, son aquellos implementados por medio del convenio en- tre Genchi y la Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, los cuales se basan en el modelo de ‘Riesgo, Necesidad, Capacidad de Respuesta (RNR)’ 15 . No obstante, es importante destacar que otros múltiples programas han comenzado a adoptar los lineamientos de modelos con- ceptuales respaldados por evidencia. Por su parte, en los restantes programas resulta habitual observar falencias como las siguientes: - Procesos de diagnóstico basados en variables que no constituyen necesida- des criminógenas de los infractores, o realizados a través de instrumentos que no han sido debidamente validados en el medio nacional, dejando amplios márgenes de discrecionalidad profesional en la interpretación de sus resul- tados 16 ; - Intervenciones realizadas teniendo en cuenta criterios de focalización poco claros, e incluso algunas que no presentan criterios de ningún tipo, sin siquiera considerar el compromiso delictivo de la población objetivo (Navarro et al., 2012). En este sentido, aun en el programa más estructurado y con mayor 13 Como resultado de los continuos estudios en el ámbito de la criminología, autores asociados al mo- vimiento del “what works” fueron identificando algunos principios generales para tratamiento peni- tenciario que caracterizarían las denominadas “prácticas efectivas” en torno a la reinserción social y/o la disminución de la reincidencia delictiva (McGuire, 2006 citado en FPC-CESC, 2012b): Realizar buenas evaluaciones respecto de las necesidades criminógenas y/o de riesgo de reincidencia de la población atendida; Priorizar a los individuos con mayor compromiso delictivo y/o riesgo de reinci- dencia; Prestar servicios de manera individualizada abordando todas las necesidades detectadas y considerando las fortalezas, las limitaciones y los estilos de aprendizaje de cada sujeto; Utilizar estrategias de intervención basadas en modelos cognitivo-conductuales, aunque sin descartar otras aproximaciones ya que esto dependerá del objetivo de la intervención; Aplicar los servicios desde el comienzo del cumplimiento de la condena y continuar con su prestación entre seis y 12 meses luego del egreso; Incluir la participación de la familia y comunidad en el proceso de reintegración; Atender la prevención de recaídas; Contar con equipos de trabajo especializados y altamente capacitados. 14 Dado que esta evidencia ha sido obtenida en países desarrollados del mundo anglosajón, basados en el estudio de muestras de sujetos infractores (en su mayoría hombres) con características so- cioculturales e históricas propias de dicho contexto, es importante advertir que su aplicación en el medio nacional aún debe ser realizada con cautela, en la medida que no se han realizado estudios exhaustivos con poblaciones nacionales o del contexto latinoamericano. 15 No por nada, estos programas forman parte del reducido grupo de programas que fueron evaluados positivamente en el marco del estudio desarrollado por la DIPRES durante el año 2012 (Navarro et al., 2012). 16 Acerca de problemas en los procesos de diagnóstico y clasificación, ver: CESC-FPC, 2012a y Villagra, 2008.