Una propuesta de modelo integral de reinserción social para infractores de ley

160 UNA PROPUESTA DE MODELO INTEGRAL DE REINSERCIÓN SOCIAL PARA INFRACTORES DE LEY para identificar actitudes, estilos de pensamiento o distorsiones cognitivas específicas, a partir de lo cual se inicia el diseño de la intervención cognitivo conductual propiamen- te tal (Dobson & Dobson, 2009). Las intervenciones cognitivo conductuales en infractores de ley se enfocan en los pen- samientos, elecciones, actitudes, y los sistemas de significados que están asociados con la conducta antisocial y los estilos de vida desviados. Utiliza un enfoque de forma- ción para enseñar nuevas habilidades en áreas en las cuales los infractores exhiben déficits, tales como la conciencia de problemas interpersonales, la generación de alter- nativas de solución en lugar de reaccionar al primer impulso, la evaluación de conse- cuencias, la resistencia a la presión de los pares, abrirse a escuchar otras perspectivas, pedir retroalimentación, tener en consideración el bienestar de otras personas, y deci- dir el curso de acción más beneficioso (Milkman & Wanberg, 2007). La intervención con personas que presentan conductas, actitudes o patrones de perso- nalidad antisocial, reviste desafíos particulares frente a los cuales corresponde atender a ciertas consideraciones especiales. En primer lugar, se debe educar a los usuarios del sistema respecto a la naturaleza y enfoque de intervención, de forma tal de promover expectativas realistas. Al mis- mo tiempo, se debe explicar en forma cuidadosa los límites a la confidencialidad de la intervención, las reglas aplicables, los criterios mediante los cuales se determina el egreso exitoso, y las conductas no deseadas que pueden derivar en sanciones o en la terminación de la prestación de servicios. Una buena explicación del proceso y asegurarse que el usuario comprenda a cabalidad el contexto y los límites del proceso de tratamiento ayudará a reducir la probabilidad de que se produzcan conductas que pueden interferir la intervención (Galieta et al., 2010). Se ha observado que un factor asociado a la buena disposición a la intervención es la con- fianza del usuario en las intenciones del profesional que provee el servicio. Confiar en el profesional es un elemento crucial del proceso de cambio en distintos tipos de poblaciones. Sin embargo, no debe sorprender el hecho de que los individuos que acceden a instancias de intervención bajo esquemas de coerción (sea por mandato obligatorio o por el efecto de incentivos) no confían en las personas a quienes ven como representantes de la autoridad. Muchos individuos con actitudes o conductas antisociales han sido repetidamente evalua- dos por profesionales, y estas evaluaciones con frecuencia no conducen a resultados favo- rables para el sujeto, lo cual valida la sospecha respecto a la intención del interventor. Frente a estas situaciones se requiere tiempo, habilidad y paciencia para explicar con claridad el encuadre de la intervención, y los intereses comunes existentes en relación a prevenir nue- vos actos antisociales que deriven en nuevas condenas (Galieta et al., 2010).