Una propuesta de modelo integral de reinserción social para infractores de ley

11 2 Capítulo privadas de libertad, luego de Brasil y Uruguay. La proporción entre personas privadas de libertad por haber sido condenadas y aquellas que lo están por encontrarse so- metidas a prisión preventiva o detención, ha evolucionado de ser prácticamente 1 a 1 (54% vs. 46% aproximadamente el año 2000) a ser actualmente de 3 a 1 (77% vs. 33% aproximadamente el año 2015). Del total de la población privada de libertad, solo el 11% (5.099 personas) tuvo acceso a modalidades de cumplimiento menos restrictivas, como la libertad condicional (7%), la salida controlada al medio libre (2%) o acceso a centros de educación y trabajo (2%), lo que muestra una deficiente gestión del principio de progresividad de la pena privativa de libertad por parte del sistema penitenciario. En lo referido al sistema de penas sustitutivas, del total de condenados que cumplían esta clase de penas durante 2015 (56.060 personas), la mayoría (65%) lo hicieron cum- pliendo la pena de remisión condicional, el 21% la de libertad vigilada (simple o intensi- va) y el 10% reclusión parcial. Si bien actualmente la población sujeta a penas sustituti- va supera a la sujeta a privada de libertad, esto se trata de una situación excepcional, pues históricamente en Chile el número de personas privadas de libertad ha superado a las que cumplen penas alternativas o sustitutivas. • Características de la oferta programática nacional en materia de reinserción so- cial de personas infractoras de ley A pesar de la dispersión y discordancia de las fuentes que dan cuenta de la oferta progra- mática nacional, es posible identificar 10 programas que durante los últimos cinco años conformaron el grueso de la oferta pública destinada a la reinserción de los infractores de ley mayores de 18 años. No obstante las características de estos programas sean disími- les, es posible apreciar algunos aspectos comunes: (i) todos cuentan con reducidos nive- les de cobertura alcanzando solo a una baja proporción de la población penal; (ii) todos cuentan con recursos reducidos para su ejecución, a pesar de los aumentos sostenidos del presupuesto de Genchi durante la última década; (iii) se trata de una oferta escasa- mente basada en la evidencia; (iv) desarrollan intervenciones con bajos estándares de calidad; (v) la oferta destinada a atender de manera focalizada a perfiles delictuales es- pecíficos es escasa; (vi) no existe una intervención coordinada entre el medio intra y extra muros que involucre a actores relevantes como la familia u organizaciones comunitarias, y (vii) carecen de evaluaciones que permitan identificar potenciales resultados positivos atribuibles a las actividades realizadas en cada programa.