Aisén Reserva de Vida: testimonio de un arquitecto activista ambiental formado en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile

100 Aisén Reserva de Vida de la Biósfera UNESCO, fue desestimado por un Director de CONAF y su Fiscal contraviniendo convenciones internacionales. En el caso del proyecto Río Cuervo de Energía Austral, en su línea base geológica se observaba que toda el área es peligrosa y se pretendía construir la represa sobre una falla geológica. Sin embargo, la empresa contrató a otros consultores para bajarle el perfil al peligro y el gobierno cambió a los revisores del Servicio Nacional de Geología y Minería, SERNAGEOMIN, para que dejasen pasar la evaluación. Además, nos dimos cuenta que los “recursos” y territorio “regionales” son habitualmente controlados por empresas transnacionales. Es así como HidroAysén (ENEL –Colbún) tienen el monopolio de derechos de aprovechamiento de aguas de las cuencas del Baker y del Pascua, y Energía Austral aquel de los ríos Cuervo, Blanco y Cóndor, con lo que bloquean otras iniciativas de desarrollo en sobre 80% de esas cuencas. De las demás cuencas regionales no existe investigación como para saber si pasa algo parecido. A causa del blindaje a los proyectos de esas empresas con concesiones mineras, nos percatamos que buena parte de la región está concesionada por mineras y eléctricas con un poder total a la hora de disponer de esa superficie. Por otra parte, en el mar interior, que en teoría es un bien nacional público, existe una plaga de concesiones para la salmonicultura, las que tienen la facultad de ser hipotecadas en el sistema bancario y que, en muchos casos, se ubican en áreas protegidas. A todas luces es una apropiación para el negocio particular, muchas veces también por transnacionales. En lo demás, también nos hemos encontrado con la explotación del bosque en manos de transnacionales chino-estadounidenses y grandes estancias propiedad de capitales belgas y terratenientes millonarios nacionales. Por último, vale hacer presente que las iniciativas de ordenamiento y protección −que son iniciativa de organizaciones ciudadanas− suelen demorar décadas en concretarse y encuentran múltiples barreras, mientras que aquellas empresariales, y aquellas estatales con participación empresarial suelen ser bastante más “eficientes”. Esto por cierto también vale para el uso urbano, donde, aparte de ser testigos de la desregulación, constatamos cómo la Contraloría demoró casi tres años en asumir su error ante la modificación fraudulenta del Plan Regulador de Coyhaique eliminando gran superficie de áreas verdes, más la ilegal ocupación residencial de su remanente; todo