Desafíos emergentes de la modernización del Estado : reflexiones y casos de América Latina y Europa

Javier Fuenzalida | Pablo González ( Editores ) 50 Esta falta de coordinación interinstitucional es característica de la administra- ción pública y sus organismos burocráticos que segmentan los problemas para po- der tratarlos. En casos como este, la ausencia de coordinación no puede resolverse por vía jerárquica, porque no hay autoridades en común. Es preciso un acuerdo explícito y un compromiso de colaboración entre las partes. Otro actor clave es la Cámara de Empresarios de Discotecas y Entretenimien- tos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CEDEBA), que fue creada en 2003 y nucleaba a los comercios “habilitados” como salones de baile de clase “A”, “B” y “C”; clubes, bares, restaurantes u otros locales bailables y empresas de entreteni- mientos, recitales y shows. Varios de sus socios más importantes eran propietarios de salones de baile que no cumplían con las reglas. Entre los miembros de esta cámara y los funcionarios municipales existían vín- culos formales e informales. Estos se ponían en evidencia con la participación de las autoridades reguladoras en la organización de actividades de la Cámara. Por ejemplo, en noviembre de 2004 se realizó un congreso en el que autoridades reguladoras di- sertaron sobre la seguridad en los establecimientos nocturnos (y “sobre los ataques de la prensa contra el sector”) en conjunto con empresarios cuyos locales no tenían la habilitación al día. Por otro lado, las entrevistas realizadas por la Comisión Investi- gadora dan cuenta de reuniones y llamadas oficiales entre los empresarios y las auto- ridades para la discusión de problemas del sector o de locales concretos. En ausencia de inspecciones rutinarias, los empresarios de la Cámara se pusie- ron de acuerdo en que la manera de bailar había cambiado respecto del momento en que se determinó el modo de cálculo del factor de ocupación, y decidieron por las suyas flexibilizar esa pauta, permitiendo ingresar más personas que las autoriza- das en las habilitaciones. Otras instituciones presentes en la red eran la Policía Federal y la Justicia Con- travencional. La presencia de la Policía Federal era imprescindible para hacer res- petar el poder de policía cuando se debían clausurar locales colmados de público, especialmente aquellos en los que los asistentes ofrecían resistencia a la clausura. Los inspectores declarantes en la investigación legislativa mencionaron que, en au- sencia de la Policía, las clausuras se efectuaban una vez finalizado el evento para no correr los riesgos derivados del descontento de los asistentes. En tales casos, la Policía avisaba a la Justicia Contravencional. Como organismo de control del gobierno de la Ciudad, la Defensoría había rea- lizado un conjunto de denuncias mediante las Resoluciones 1884/02 y 2022/03. Las actuaciones del Defensor Adjunto Atilio Alimena, en mayo de 2004, identificaron