Desafíos emergentes de la modernización del Estado : reflexiones y casos de América Latina y Europa

DESAFÍOS EMERGENTES DE LA MODERNIZACIÓN DEL ESTADO 177 fuerza por aumentar la autonomía de gestión mediante la sustitución de la rigidez burocrática con la competencia como en el mercado. Ya hoy la gestión de la implementación de las políticas públicas es generada tomando en cuenta las herramientas Web 2.0 , porque ello permite la participación colaborativa de los ciudadanos para el control social, la rendición de cuentas y la transparencia en forma real. La evaluación de la política implica observar los dos tipos de evaluación exis- tente, uno, la formativa, y la otra, la acumulativa. En cuanto a la formativa, precisa- mos que es la encargada de monitorear la manera en que se está administrando o gestionando un programa, con el objetivo de proporcionar retroalimentación útil para mejorar el proceso de implementación, que se orienta a estas tres preguntas: • ¿Hasta qué punto el programa está llegando a la población objetiva? • ¿En qué medida la prestación de servicios es consistente con las especifica- ciones del diseño del programa? • ¿Qué recursos se han gastado o están gastándose para llevar a cabo el programa? Y la evaluación acumulativa es la que busca medir la manera en que la política o programa realmente han impactado los problemas que pretendía atender. Se trata de comparar: • El antes y el después; • la intervención en un grupo y en otro, o entre el grupo que fue sometido a la intervención y otro que no lo fue (grupo de control); y • qué pasó con lo que podría haber pasado de no haber intervenido. De esta manera, intentamos una definición de la actividad evaluativa (ver Tabla 4): La evaluación de una política o programa público no es más que la reflexión de la acción sustentada en procedimientos sistemáticos y legitimada por el compro- miso cívico, el control social, la inteligencia cívica y la participación colaborativa de los actores involucrados para la recolección, análisis e interpretación de informa- ción para generar juicios valorativos sobre las actividades, resultados e impactos de las políticas y programas públicos para su pertinente recomendación y toma de decisiones que inciden en el presente y futuro, así como en el cambio, terminación o continuación de los mismos (Mariñez, 2015a).