Más comunidad más prevención: manual para gestión local de seguridad

Manual: Más Comunidad Más Prevención 16 Capítulo I. Conociendo la seguridad ciudadana en el gobierno local zones: la falta de recursos (61%) y/o la irrelevancia de los problemas delictuales en su comunidad (26%). Pese a ello, los municipios reportan la realización de actividades en materia de prevención del delito en una proporción bastante alta: el 76% de las iniciativas son de prevención situacional; el 70%, violencia escolar; 59%, conviven- cia comunitaria; 53%, trabajo con jóvenes en riesgo; 41%, apoyo a víctimas y sólo un 35%, control y vigilancia. Entonces, pese a que no disponen de un área especializada, sí realizan acciones y/o actividades en materias de prevención (Ministerio del Interior y Seguridad Pública- SPD; Asociación Chilena de Municipalidades, 2013). Desde el 2003, por ley nº 27.933, en el Perú se crea el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (SINASEC), que obliga a todos los subniveles territoriales de gobierno, regionales y municipales (provinciales y distritales), a te- ner un comité inclusivo en gestión de la seguridad ciudadana, sostenido por el trabajo de una secretaría técnica que decante en la elaboración y ejecución de un diagnóstico y un plan territorial. Con más de diez años en esta dinámica se ha evidenciado un creciente cumplimiento de estos aspectos formales y solemnes, la juramenta- ción del consejo o comité de seguridad, la elaboración de diagnósticos y planes, pero lamentablemente no se ha podido evidenciar resultados significativos en reducción de la victimización y del temor. En estos diez años del proceso peruano se ha encontrado en la sociedad civil organizada uno de los actores más motivados. Estos se encuentran asociados a las juntas vecinales de seguridad ciudadana y se han convertido en una fuerza social que tiene un espacio de colaboración constante con las fuerzas de seguridad (policial y serenazgos). Incluso cuentan con reconocimiento legal, con derechos al seguro integral de salud, y claro, para tener existencia como tal deben contar con el reconocimiento de la policía nacional. Para fortalecer el trabajo coordinado de control y persecución, el plan nacional de seguridad ciudadana (2013-2016) introduce como un objetivo específico“implementar los planes integrados de la Policía y serenazgos para mejorar la vigilancia de los espacios públicos” (Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, Perú, s.f.). La particularidad de los dos casos analizados es que ambos han sido pioneros en impulsar iniciativas de desconcen- tración/descentralización de las políticas de seguridad. La experiencia chilena, de un carácter comunal, territorial, mientras que en el caso peruano, a pesar de hacer uso del criterio territorial, lo intenta aplicar homogéneamente y, por igual, a todos los subniveles de gobierno del país. En diferentes medidas ambas experiencias –y es un común denominador– combinan la actuación de diversos actores de la seguridad ciudadana preventiva y la persecutoria. Existen otras experiencias que tienen otro factor común a destacar. A fines del siglo pasado, ciudades como Medellín (1991), Calí (1992), Quito (2000) y Bogotá (1995) abordaron el tema de manera integral y con impor- tantes reducciones de la violencia y el delito. En todas estas experiencias el desempeño del líder político fue abiertamente diferente a lo habitual. Es relevante lo que sucedió en Bogotá (1995 – 2003). Esta ciudad, capital de Colombia, con algo más de 7,5 millones de personas, registraba en 1993 la tasa de homicidios más alta de su historia: 80 homicidios cada cien mil habitantes (Llorente & Guarin, 2013)