Página 179 - Niñez y ciudadanía

Los Niños, Niñas y Jóvenes ex Combatientes en el Conflicto Armado Colombiano 179
derecho internacional humanitario, crímenes de lesa humanidad o genocidio de acuerdo con
el Estatuto de Roma. Sin embargo, como se vio al inicio del trabajo, muchas de las tareas que
obligatoriamente tienen que cumplir los niños, niñas y adolescentes en salvamento incluso
de sus propias vidas y respecto a su formación como combatientes, implican la comisión de
delitos de lesa humanidad como el secuestro o la tortura. ¿Qué es lo justo y lo negociable?
¿Cerca de la protección integral de derechos?
De acuerdo con todo lo visto hasta el momento, finalmente cabe preguntarse hasta qué
punto se están logrando los objetivos de proteger integralmente a los niños, niñas y adoles-
centes que han sido desmovilizados y si las políticas son pertinentes en este aspecto, dejando
ver cuáles son sus desafíos futuros.
Es importante recalcar que se han conseguido avances importantes respecto a la situa-
ción de los niños, niñas y adolescentes desmovilizados, al menos en lo que se refiere al marco
legislativo y normativo que regula su tratamiento. En dicho sentido, estas personas ya no son
objeto de asistencia en situación de abandono o peligro, ni son vistas como meros infractores
de ley; han pasado a ser sujetos de derecho, siendo este el avance más importante. Ante la
nueva condición, los individuos esperan por parte del gobierno la restauración de su dignidad
e integralidad, con el objetivo de poder ejercer libre y totalmente su ciudadanía y los derechos
que les han sido vulnerados como combatientes.
Desde un enfoque de derechos, el nuevo código plantea y reconoce la obligación de
los garantes de derechos y consagra expresamente el rol de la familia y la sociedad, como
también el papel protagónico del Estado y sus órganos departamentales, municipales y dis-
tritales, toda vez que Colombia es un Estado descentralizado, en el cual dichos entes gozan
de cierta autonomía y a su vez tienen dentro de sus funciones la responsabilidad de mejorar
las condiciones de vida de la población. De esta manera la creación de estrategias, servicios
y actos administrativos dirigidos a proteger y restablecer los derechos de los niños, niñas y
adolescentes, recae en gran medida sobre las autoridades territoriales, materializándose en sus
planes de desarrollo, programas especiales y acciones concretas con la respectiva inversión de
recursos financieros y humanos.
Consciente de la importancia del trabajo que realizan los entes territoriales, “en diciem-
bre de 2007 el Gobierno, frente a la magnitud del problema del reclutamiento de niños y ni-
ñas, creó la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento de Niños, Niñas y
Adolescentes por grupos organizados al margen de la ley. En el año 2008, la Comisión prestó
apoyo técnico a las autoridades y comunidades de 50 municipios en 26 departamentos y en
2009 estas tareas se ampliaron a más de 100 municipios”24.
Otra muestra de la buena voluntad que tiene el Estado colombiano para acabar con
el flagelo del reclutamiento de los niños, niñas y adolescentes, se dio en el 2008 cuando